CORPI SL integra delegación de lideresas indígenas que denuncia ante la CIDH las amenazas que enfrentan en los territorios amazónicos
La presidenta de CORPI SL, Elaine Shajian Shawit, integró la delegación de cinco lideresas indígenas peruanas que del 2 al 6 de agosto desarrolló acciones de incidencia en Washington D. C. y Nueva York, donde expuso la situación de violencia, criminalización y amenazas que enfrentan las mujeres indígenas defensoras frente al avance de las economías ilegales.
Entre el 2 y el 6 de agosto, cinco lideresas indígenas de la Amazonía peruana participaron en una agenda de incidencia internacional para visibilizar ante organismos internacionales la creciente violencia que enfrentan las mujeres defensoras de los territorios y los impactos que el avance de las economías ilegales está generando sobre los pueblos indígenas.
La delegación estuvo integrada por Teresita Antazú, lideresa Yanesha e integrante del Consejo Directivo de AIDESEP; Elaine Shajian Shawit, presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI SL); Matut Impi, vicepresidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Awajún; Olivia Bisa, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra; y Kelly Valencia, presidenta de la Organización Regional de la Guardia Indígena del Pueblo Shipibo-Konibo (ORGI).
Desde CORPI SL, la participación de Elaine Shajian permitió llevar a este espacio internacional las preocupaciones y demandas de los pueblos indígenas de las provincias del Datem del Marañón y Alto Amazonas, particularmente frente al incremento de las amenazas contra quienes defienden sus territorios y bienes comunes.
Ante la CIDH: territorios indígenas bajo presión de las economías ilegales
El 4 de agosto, las cinco lideresas participaron en la audiencia temática “Perú: Situación de las mujeres indígenas defensoras en contexto de economías ilegales”, realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 196.º Período de Sesiones.
Durante la audiencia, las representantes indígenas denunciaron cómo la expansión de actividades como la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico de tierras está incrementando los riesgos para las mujeres defensoras, sus comunidades y la integridad de los territorios indígenas. Advirtieron, además, que estas amenazas se desarrollan en un contexto marcado por el debilitamiento de las capacidades estatales para prevenir, investigar y responder de manera efectiva frente a las agresiones.
De acuerdo con la información presentada durante la audiencia, las redes criminales ya afectan al 67 % de los distritos amazónicos y mantienen en disputa alrededor del 32 % de los territorios indígenas de la región. A ello se suma la superposición de actividades extractivas sobre territorios indígenas: 799 concesiones mineras afectan alrededor de 159 mil hectáreas de la Amazonía, de las cuales 712 se superponen con territorios de comunidades nativas. Asimismo, se alertó sobre la existencia de 47 áreas de exploración y explotación de hidrocarburos superpuestas a territorios indígenas.
En este contexto, las lideresas señalaron que la defensa territorial no puede desvincularse de la protección de las mujeres que ejercen esta labor y reclamaron medidas concretas del Estado peruano para garantizar su vida, integridad y derechos colectivos.
Elaine Shajian Shawit: "Exigimos derogar todas las leyes procrimen"
Durante su intervención ante la CIDH, la presidenta de CORPI SL inició su exposición poniendo sobre la mesa dos casos que evidencian los riesgos que enfrentan quienes defienden los territorios indígenas en el Datem del Marañón y otras zonas de la Amazonía: la desaparición de Rusber Villacorta Torres, vicepresidente de la Federación Kandozi de la Cuenca del Ungurahui (FEKAUDIP), y el asesinato de Isai Shuuk Shawit, presidente de la Coordinadora Regional de Maestros Indígenas (CORMI).
Elaine Shajian denunció ante la Comisión que Rusber Villacorta permanece desaparecido desde el 3 de junio de 2026, sin que hasta el momento el Estado haya desplegado una respuesta efectiva para garantizar su búsqueda y ubicación. Asimismo, recordó el asesinato de Isai Shuuk Shawit, defensor de la educación intercultural bilingüe y de los derechos de docentes indígenas, quien fue encontrado muerto el 7 de noviembre de 2025 en el Datem del Marañón. La presidenta de CORPI SL alertó sobre la falta de avances en la investigación fiscal y el riesgo de que el caso sea archivado.
A partir de estos casos, Elaine Shajian expuso ante la Comisión la situación que enfrentan los pueblos indígenas y sus defensoras y defensores frente al avance de las economías ilegales, así como la falta de garantías efectivas para quienes ejercen la defensa territorial. En ese contexto, cuestionó las normas y decisiones que, desde su perspectiva, favorecen el avance de actividades ilegales y debilitan la protección de los territorios indígenas.
Asimismo, solicitó a la CIDH interceder ante el Estado peruano para exigir la nulidad de las concesiones que se superponen a territorios indígenas sin consulta previa; garantizar justicia efectiva y reparación integral para los defensores del caso Saweto; reconocer formalmente mecanismos de autoprotección como las Guardias Indígenas; y fortalecer el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos.
De esta manera, la intervención de CORPI SL no solo puso en evidencia casos concretos de violencia y desprotección, sino que también vinculó estas situaciones con un problema estructural: el avance de las economías ilegales y la insuficiente respuesta estatal para garantizar la vida, la integridad y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
la CIDH cuestiona la respuesta estatal
Tras escuchar los testimonios de las cinco lideresas, integrantes de la CIDH expresaron preocupación por la situación de las personas defensoras en el Perú y por la insuficiencia de las respuestas estatales frente al avance de las economías ilegales.
La comisionada Marion Bethel cuestionó la falta de acciones concretas frente a problemáticas como la tala ilegal y el narcotráfico, mientras que el comisionado Riyad Insanally expresó preocupación por las denuncias de abandono estatal y consideró insuficiente el actual Mecanismo Intersectorial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, señalando que este no aborda de manera suficiente la problemática de las economías ilegales.
Para las organizaciones indígenas, estas observaciones refuerzan la necesidad de que el Estado peruano pase de los compromisos formales a medidas efectivas que garanticen la protección de las defensoras y defensores, así como la seguridad e integridad de los territorios indígenas.
Continuando la agenda de incidencia
Como parte de esta agenda internacional, el 6 de agosto la delegación de lideresas sostuvo reuniones de trabajo con representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, en la ciudad de Nueva York.
Los encuentros permitieron profundizar el diálogo sobre la situación de las mujeres indígenas en contextos de actividades extractivas y economías ilegales, así como sobre los desafíos que enfrentan las organizaciones y pueblos indígenas para garantizar la protección de sus territorios y de quienes los defienden.
Desde CORPI SL, la participación de su presidenta Elaine Shajian Shawit reafirma la importancia de llevar las demandas de los pueblos indígenas del Datem del Marañón y Alto Amazonas a espacios nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos. La defensa territorial, la protección de las mujeres indígenas y la garantía de justicia para quienes enfrentan amenazas constituyen hoy una agenda urgente frente al avance de las economías ilegales en la Amazonía.
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