Pronunciamiento: Respaldamos la lucha del pueblo Shawi y exigimos garantías para el ejercicio de la protesta pacífica en Balsapuerto

La Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas – CORPI SL, organización indígena regional que representa a 579 comunidades nativas, 31 federaciones y 8 pueblos indígenas de las provincias de Datem del Marañón y Alto Amazonas, expresa su firme respaldo a la lucha legítima que vienen sosteniendo las comunidades del pueblo Shawi, sus autoridades comunales, líderes y lideresas del distrito de Balsapuerto, quienes ejercen su derecho constitucional a la protesta pacífica frente a la Municipalidad Distrital de Balsapuerto, en defensa de sus derechos colectivos y ante la afectación directa a condiciones básicas de vida en sus comunidades.

1. Según información proporcionada por los propios líderes y autoridades indígenas, más de 160 comunidades del pueblo Shawi se encuentran movilizadas como consecuencia de la reiterada falta de transparencia y rendición de cuentas de la gestión municipal, situación que estaría afectando directamente el ejercicio de derechos fundamentales de la población indígena, especialmente en ámbitos como la educación, la conectividad y la alimentación. Frente a ello, el Comité de Lucha, las federaciones indígenas del distrito y el Gobierno Territorial Autónomo Shawi (GTA Shawi) señalan que, desde hace varios meses, han remitido solicitudes formales de información pública y espacios de diálogo institucional, sin haber recibido respuesta alguna por parte del alcalde distrital, Luis Nazario Peña Torres.

2. Ante la ausencia persistente de respuestas, las organizaciones indígenas convocaron a reuniones formales de diálogo con la autoridad municipal. Tras una primera convocatoria sin resultados, el 1 de febrero se realizó una segunda convocatoria, en la que nuevamente no se contó con la presencia del alcalde ni con respuestas concretas a las demandas planteadas. Frente a ello, y con base en sus instituciones propias, las comunidades acordaron iniciar una medida de lucha pacífica, posicionándose en los exteriores de la municipalidad como una acción de fiscalización ciudadana, participación política y exigencia de transparencia.

3. CORPI SL observa con profunda preocupación que, en este contexto, diversos líderes y autoridades indígenas Shawi habrían sido denunciados penalmente por presuntos delitos como hurto, coacción, secuestro y agresión. Según afirman los propios dirigentes, estas denuncias carecerían de sustento y estarían siendo utilizadas como mecanismos de criminalización de la protesta social indígena.

4. Actualmente, las demandas del pueblo Shawi, expresadas por sus organizaciones representativas, no se orientan ya a un diálogo político con la autoridad municipal, sino a la intervención de instancias competentes del Estado. En ese marco, han solicitado formalmente la presencia de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, a fin de que se realicen investigaciones objetivas, técnicas e independientes sobre presuntas irregularidades en la gestión municipal.

5. De acuerdo a documentos presentados ante la Contraloría General de la República, los líderes del Comité de Lucha han solicitado la verificación física in situ de obras públicas ejecutadas entre los años 2022 y 2025, señalando presuntas inconsistencias entre los recursos ejecutados y la existencia o avance real de diversos proyectos, así como posibles irregularidades en programas sociales y en el acceso a información pública. Corresponderá a los órganos de control y justicia determinar, conforme a ley, la veracidad de estos hechos y las responsabilidades que pudieran derivarse.

6. Asimismo, el 4 de febrero, las organizaciones indígenas del distrito presentaron una solicitud urgente de intervención ante la Defensoría del Pueblo, alertando sobre una presunta vulneración de derechos fundamentales de la población indígena Shawi y solicitando acompañamiento institucional para prevenir escenarios de mayor conflictividad social.

   
   

7. Desde CORPI SL reafirmamos que la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso a la información son derechos fundamentales de los pueblos indígenas y de toda la ciudadanía. La protesta pacífica no puede ni debe ser criminalizada, menos aún cuando se ejerce frente a la falta de respuestas institucionales.

8. Por ello, exigimos al Estado peruano, y en particular a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, que se garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos de las comunidades del pueblo Shawi, evitando cualquier forma de represión, uso desproporcionado de la fuerza o intimidación contra autoridades comunales, líderes, lideresas, mujeres, jóvenes y población movilizada.

9. Demandamos, asimismo, la intervención oportuna de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, para que actúen en el marco de sus competencias, garanticen procesos transparentes, y contribuyan a la resolución democrática y pacífica de este conflicto, priorizando la legalidad, la justicia y el respeto a los derechos colectivos.

   
   

CORPI SL se mantiene vigilante y acompañando la lucha del pueblo Shawi, de sus federaciones, organizaciones representativas y GTA Shawi, en defensa de sus derechos colectivos, la dignidad de sus comunidades y el respeto a sus territorios y formas propias de organización. Asimismo, hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos, a la cooperación internacional y a las organizaciones aliadas de los pueblos indígenas a mantenerse vigilantes frente a la situación que atraviesa el pueblo Shawi en el distrito de Balsapuerto, a fin de contribuir a la protección de sus derechos y prevenir escenarios de violencia o represión.

¡No a la criminalización de la protesta indígena!

¡Transparencia, justicia y respeto a los derechos humanos!

Accede al pronunciamiento: https://bit.ly/3ZZVLc2